REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA REGULARIZACION Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA.

Gaceta Oficial 39.799 del 14 de noviembre de 2011Decreto 8587
12 de noviembre de 2011
HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Honorarios profesionales de Abogados

SC (Ratifica criterio sobre la competencia en casos concluidos)

En los casos en que el juicio ha concluido totalmente, la demanda por cobro de  honorarios debe interponerse de manera autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, lo cual implica, que el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas actuó ajustado a derecho cuando confirmó la declaratoria de incompetencia del Juzgado Octavo de Municipio de la misma Circunscripción Judicial con fundamento en el criterio a que se hizo referencia con anterioridad, toda vez que la causa que dio origen a la reclamación por honorarios profesionales había finalizado mediante sentencia firme, lo cual obligaba a intentar la demanda por vía autónoma ante los tribunales con competencia en lo civil de la circunscripción judicial respectiva, a pesar de que en la etapa de ejecución se estuviera aún ventilando una reclamación de la depositaria judicial contra la parte demandada en el juicio principal.

el sobreseimiento

La Sala Penal, fijó el criterio en cuanto al tratamiento que deben dársele a las decisiones que decreten el sobreseimiento de la causa, señalando lo siguiente:

“… A pesar de que los artículos 324 y 325 del Código Orgánico Procesal Penal se refieren a la decisión que decrete el sobreseimiento como un ‘auto’, por la naturaleza de esta decisión, en cuanto pone fin al proceso e impide su continuación, con autoridad de cosa juzgada, debe equipararse a una sentencia definitiva, debiéndose atender a los fines de su impugnación a las disposiciones que regulan la apelación de sentencia definitiva, previstas en el Capítulo II, Título I del Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal…”. (Sentencia Nº 535, del 11 de agosto de 2005, Magistrado Ponente Doctor Héctor Manuel Coronado Flores).

Test de laboralidad

SCS 13-8-02 Ponencia del Magistrado Mora. Exp. Nº 02-069, dec. Nº 489:

recurso de control de la legalidad

Establece el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

“Artículo 178: El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en Jefatura Civil de quince (15) días.”.

                   Ahora bien, siendo el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, se deben cumplir, para poder garantizar su admisibilidad, con los requerimientos formulados en la norma de la Ley Adjetiva Laboral reproducida en el párrafo precedente; a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales, 2) que éstas no sean impugnables en casación, y/o, 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal.

                   Asimismo, es oportuno señalar, que tratándose como antes se expresó de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público.

                   En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa

Fuente: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Agosto/0962-4811-2011-11-749.html

el cobro de los costos generados en el proceso y los honorarios de los abogados

Así, visto que respecto a casos anteriores esta Sala no ha realizado la distinción en cuanto al procedimiento para el cobro de los costos generados en el proceso y los honorarios de los abogados, pues dada la forma en que está regulado el mismo en el ordenamiento jurídico ha causado confusión en el ejercicio profesional en cuanto a la vía idónea para hacer efectivas las costas del proceso, motivos por los cuales se estima pertinente establecer con carácter vinculante lo siguiente: en nuestro sistema de derecho se distingue la tasación de gastos de juicio, que corresponde hacerla al Secretario del Tribunal, conforme lo prevé el artículo 33 y siguientes de la Ley de Arancel Judicial y la tasación de honorarios de los abogados.  Para la tasación de los gastos, se sigue la tarifa que prevé la Ley de Arancel Judicial, según la prueba de los gastos que aparezcan en autos.  Mientras que, para la segunda, no existe tarifa, sino el límite que establece el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, según el cual las costas que debe pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetos a retasa, sin que, en ningún caso, estos honorarios excedan el treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado, según aplique.

El Amparo en la C.R.B.V., L.O.T. y en el R.L.O.T.

Los artículos referentes al Amparo que se encuentran establecidos en nuestra carta magna, han sido ya nombrados y explicados con anterioridad, pero sin embargo consideramos necesarios nombrarlos nuevamente. Dichos artículos son: Artículo 27, el cual señala las características del Amparo, el procedimiento del mismo y además hace mención al Amparo en caso del Estado de excepción. Artículo 31, establece lo referente al amparo ante los órganos internacionales y así mismo establece en su ultimo aparte el que el procedimiento a seguir es el establecido en la Constitución y en la ley y que se tomaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de los órganos internacionales. Artículo 336 ordinal 10, este artículo habla sobre las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales esta la de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional.

procedimiento de queja para hacer efectiva la responsabilidad civil de los jueces

SALA PLENA

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

 Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente N° AA10-L-2011-000258

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y FINESObjetoArtículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y' control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en Igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital.

Ámbito

Artículo 2°. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son aplicables en todo el territorio nacional, a las relaciones establecidas entre sujetos de derecho público o privado que, con ocasión de su giro comercial, productivo o de prestación de servicios, determinen los precios que correspondan a la venta de bienes o la prestación de servicios, así como los costos inherentes a tales operaciones.

El costo del la regulacion laboral y de las decisiones judiciales en Venezuela

Recurso de Casación

El Proceso Laboral Venezolano - PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, en materia laboral

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, en los siguientes términos:

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

Resolucion Nº 2009-0006

Gaceta Oficial Nº 39.152 Resolucion Nº 2009-0006                         sobre competencias Civiles a Nivel Nacional TSJ

Descripción	Cuantía
Procedimiento Breve	NO EXCEDA de 1.500 U.T
Juzgado Municipio	NO EXCEDA de 3.000 U.T
Juzgado de Primera Instancia	EXCEDA de 3.000 U.T

Recursos Procesales

LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS

Gaceta Oficial Nº 39.668 de l6 de mayo de 2011

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS

Objeto

Artículo 1

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la protección de las arrendatarias y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinados a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejercieren, o cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.

Sujetos objeto de protección

Confesión ficta y daño moral

Artículo 362 del CPC. Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.

Sentencia Nº 247 de Sala de Casación Social,

 Expediente Nº 01-394 de fecha 18/10/2001

Inhibición y recusación

Sentencia emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En Los Teques, en fechadiez (10) de abril del año dos mil seis (2006). Exp. No. 06-6104

Preambulo de la Constitución Bolivariana de Venezuela

Derecho Laboral Venezolano

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TIPOS DE CONECTORES LINGÜÍSTICO-ARGUMENTATIVOS

Di que NO

Calculo de prestaciones sociales (Videos)

Taller de calculo de prestaciones sociales, en la sala del poder comunal, en Barquisimeto, dictado por funcionarios del Mintra

Procedimiento de Amparo Constitucional

1. Naturaleza jurídica del amparo constitucional
2. Efectos del amparo
3. Procedimiento de Juicio de amparo constitucional según sentencias vinculantes de la Sala Constitucional
4. El debido proceso en el procedimiento de amparo
5. Carácter vinculante del fallo
6. Valoración de pruebas
7. Trámite de admisión del amparo
8. Desarrollo de la audiencia constitucional
9. Razones que justifican la instauración del nuevo régimen procedimental del amparo sobrevenido
10. Naturaleza de la tutela judicial efectiva
11. Infracción de la tutela judicial efectiva

LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.451
Caracas, martes 22 de junio de 2010
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En uso de sus atribuciones, y en concordancia con lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, reimprímase por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, sancionada en sesión del día 15 de diciembre de 2009 y, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, por incurrirse en los siguientes errores:

Ejemplo de cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales

Este Ejemplo fue tomado de la Sentencia Nº 452 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de Abril del 2011(Caso: Autotaller Baby Car’s)

TEST PARA DETERMINAR LA RELACIÓN DE TRABAJO. SALA SOCIAL

SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

En el juicio de estabilidad laboral seguido por el ciudadano LUIS HERNÁN SÁNCHEZ BUITRAGO, representado por la abogada Marisela Cisneros Añez, contra la sociedad mercantil SCHERING PLOUGH, C.A., representada por los abogados Luis Gonzalo Monteverde Mancera, Xiomara Rauseo Pérez, José Félix Díaz Bermúdez, César Augusto Carballo Mena, Héctor Cardoze Rangel, Rodrigo Egui Stolk, Miguel Osío Zamora, Jesús Enrique Escudero Estévez, Andrés Chumaceiro, Sibeya Ibellice Gartner Álvarez, Mónica Fernández, Oslyn Salazar, Carolina Pérez, Ayleen Mercedes Guédez González, Nelson Alberto Osío Cruz y Tomás Carrillo-Batalla Lucas, el Juzgado Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo por apelación de la parte demandada, en sentencia publicada el 12 de febrero de 2007, declaró sin lugar la apelación confirmando la decisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda.

FALACIA

Una falacia es un argumentación aparentemente lógica y verdadera que luego resulta ser falsa. Las falacias lógicas son utilizadas comúnmente para justificar argumentos o posturas que no son justificables utilizando la razón. Suelen enmascarar engaños, falsedades, o estafas. Saber reconocer las falacias lógicas es de gran ayuda para no ser engañado. Las falacias se usan frecuentemente en artículos de opinión y en argumentaciones de todo tipo. Veamos algunos tipos muy utilizados, aunque hay muchas más y puedes buscar en Intenet.

Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento

REQUISITOS PARA REGISTRAR TITULO DE ABOGADO

  Dirigirse al REGISTRO PPAL. DEL EDO MONAGAS MATURIN y consignar los siguientes recaudos:

• Dos (02) fotocopias de la cedula de identidad (En hoja tamaño oficio y centrada).
• Un (01) papel sellado
• Estampilla (0,1U.T……… 7,60Bs)
• Cancelar la cantidad de Doscientos setenta y seis Bolívares (276 Bs)

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL COLEGIO DE ABOGADOS Y TRAMITES PARA EL INPREABOGADO.

• TITULO ORIGINAL PREVIAMENTE REGISTRADO

• 2 FONDO NEGRO DEL TTTULO ORIGINAL DE ABOGADO

• 2 COPIAS DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD AMPLIADA EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA EN EL CENTRO

• 4 FOTOS TIPO CARNET PEQUEÑAS ( TRAJE FORMAL)

• CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS ( ORIGINAL Y COPIA)

NO SE ACEPTA EFECTIVO NI CHEQUES

DEPÓSITOS

A NOMBRE DE INPREABOGADO

* Banco de Venezuela. Cuenta Corriente

0102-0010-52-0004006097

* Banco Bicentenario.  Cuenta Corriente

0175-0382-12-0291016638

* Banco del Caribe.      Cuenta Corriente

0114-0170-82-1700016540

TRANSFERENCIAS

SOLO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS EN MERCANTIL O BANESCO

A NOMBRE DE INPREABOGADO. RIF J-00089099-4

* Banco Banesco. Cuenta Corriente

0134-0332-56-3321015912

* Banco Mercantil. Cuenta Corriente  

0105-0026-53-1026008719